Más de 1.500 centros de salud financiados con fondos federales —que ofrecen servicios a millones de personas de bajos ingresos— enfrentan desafíos financieros significativos, según sus líderes, ya que el cierre parcial del gobierno se suma a otros recortes en sus ingresos.
Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo, y hasta servicios. Algunos incluso podrían llegar a cerrar. Sus defensores advierten que esto podría aumentar la presión sobre las salas de emergencia de los hospitales, que ya están saturadas de pacientes.
“Este es el peor momento en todos los años que llevo trabajando en atención médica”, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de St. John’s Community Health, una red de 28 clínicas que atiende a más de 144.000 pacientes en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, en California. “Estamos enfrentando recortes federales y recortes extremos a nivel estatal que van a afectar los servicios”.
St. John’s y otros centros de salud calificados a nivel federal ofrecen atención primaria y una amplia gama de otros servicios sin costo o a precios ajustados a los ingresos de cada paciente. A nivel nacional, atienden a cerca de 34 millones de personas en las zonas más desatendidas del país.
Los fondos federales provienen de dos fuentes principales, ambas actualmente bajo presión: subvenciones otorgadas en parte a través del Community Health Center Fund, federal, y de reembolsos por la atención brindada a pacientes mediante programas como Medicaid, que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos o con discapacidades.
A Medicaid lo financian de manera conjunta los estados y el gobierno federal.
En los últimos tiempos, el Congreso ha aprobado esos fondos con cuentagotas. En marzo, los legisladores extendieron las subvenciones hasta el 30 de septiembre. Ese dinero expiró después de que el Congreso, controlado por los republicanos, no aprobara una ley de financiación, lo que ha provocado un cierre parcial del gobierno.
Defensores de los centros enfatizan que se necesita un financiamiento a largo plazo para poder planificar con mayor certeza, idealmente a través de un fondo multianual.
Los centros de salud recibieron $4.400 millones en subvenciones a comienzos de 2024. La National Association of Community Health Centers está presionando para que se asignen al menos $5.800 millones anuales durante dos años, con el fin de mantener los centros plenamente operativos.
La red de seguridad que representan los centros de salud “enfrenta múltiples capas de desafíos”, dijo Vacheria Keys, vicepresidenta de políticas y asuntos regulatorios de la asociación.
La nueva ley de gasto público que los republicanos llaman “One Big Beautiful Bill Act” implicará recortes significativos a Medicaid, lo que impone otra amenaza importante para estos centros.
En 2023, Medicaid representó el 43% de los $46.700 millones en ingresos totales de los centros de salud.
Defensores advierten que los pagos reducidos de Medicaid agravarán la brecha entre el financiamiento disponible y los costos operativos.
También se necesita financiación para programas de desarrollo de personal, para apoyar la prestación de servicios de salud, ya que los centros enfrentan dificultades para contratar y retener trabajadores, dijo Feygele Jacobs, directora del Geiger Gibson Program in Community Health de la Universidad George Washington.
Los primeros centros de este tipo se abrieron en lugares como Massachusetts en la década de 1960. Históricamente, el Congreso los ha financiado con apoyo bipar